lunes, 30 de agosto de 2010

Los desafíos que enfrenta la ciudad

Según el reporte oficial, en la provincia de San Antonio murieron 11 personas producto del terremoto, cinco de ellas en el sector de los Ojos de Mar de Llo Lleo. Dos víctimas perecieron por ataques cardíacos detonados por el sismo y otras dos fallecieron aplastadas por derrumbes. Un pescador deportivo perdió la vida en el sector de Mostazal, Santo Domingo, donde también se produjo un tsunami, y otra persona murió ahogada en Cartagena.
Sólo en la comuna de San Antonio hubo más de 7 mil damnificados, mientras que en Cartagena, unos dos mil. En ambas ciudades se totalizaron 500 propiedades inhabitables.
A ellas se sumaron unas mil viviendas que quedaron con serios daños estructurales, todas las cuales debieron ser avaluadas técnicamente para su reparación.
El alcalde de San Antonio Omar Vera reconoció que un "35 por ciento de la población de San Antonio (unas 25 mil personas) se vio afectada por el terremoto y el tsunami".

Destrucción en Miramar

Esta semana comenzaron las demoliciones de otros 3 edificios de la Villa Miramar, en la parte alta de San Antonio, los que resultaron con severos daños estructurales luego del terremoto; por lo que el complejo compuesto por 6 edificios debió ser demolido, obligando a las 300 familias a buscar arriendos o a encarar los próximos meses en mediaguas, las que se han denominado aldeas de convivencia.
De acuerdo al calendario, este mes debería haber comenzado la reconstrucción, pero nada de eso ha ocurrido. Los vecinos tienen puestas todas sus esperanzas en este proceso. Angélica Soto, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa del Mar y dirigente de la aldea de convivencia ubicada en Salvador Allende con Nápoles, informó que el proyecto que le dará forma a los departamentos cuenta con la aprobación de las autoridades del ramo y de los pobladores, que ya comenzaron a soñar con sus nuevos hogares, que tendrán 55 metros cuadrados y serán entregados con terminaciones y piso flotante o de cerámica.

Lo que queda por hacer

Mientras los vecinos de Villa Miramar esperan con fe el levantamiento de sus nuevos departamentos, la provincia enfrenta otros desafíos. Lo primero, mejorar la conectividad; de hecho el puente Lo Gallardo que une San Antonio con Santo Domingo, fue reabierto al tránsito el 14 de agosto pasado tras una inversión de 715 millones de pesos.
Una situación similar exige el puente Llo Lleo que aún permanece con sólo dos pistas al servicio de los automovilistas. Sus principales problemas se concentran en las veredas peatonales y en los accesos
Si bien existen recursos comprometidos para ello, la fecha de ejecución y adjudicación de los presupuestos aún no tiene un inicio definido.
Por su parte, el puente Llollito -construcción de madera sobre el estero San Pedro que permite el acceso alternativo a los recintos portuarios-, también tendrá que ser sometido a reparaciones.
A lo anterior, hay que sumar las mejoras en el borde costero de la comuna; específicamente en el sector Puertecito y mercado de venta de pescados y mariscos, que presenta serias deficiencias producto del sismo.
La Corporación de Fomento y Desarrollo de la Pesca Artesanal trabaja de manera normal, pero sus instalaciones aún evidencian la destrucción sufrida.

Caso emblemático

Cuando se cumplen 6 meses del terremoto, el caso de la moderna edificación de la Gobernación Provincial de San Antonio (en la foto) pasa a ser un caso emblemático.
Inaugurada el 7 de diciembre de 1999, la estructura que se levanta en plena avenida Barros Luco, era considerada una de las más modernas para este tipo de reparticiones en la región.
Un  documento de la Seremi de Obras Públicas dio cuenta de un inminente colapso del recinto y serias deficiencias de la construcción, tanto en el uso de los materiales como en los cálculos, que derivaron en declarar su inmediato desalojo.
De acuerdo a los datos de la época, el edificio que se levantó en la Plaza de Barrancas tuvo un costo cercano a los 400 millones de pesos, para una construcción de 1.500 metros cuadrados.
Según el informe firmado por el actual seremi del MOP, Pedro Sariego, sólo las obras de emergencia tienen un costo de 72 millones. Mientras que la reparación definitiva de la gobernación asciende a los 504 millones de pesos. Vale decir, en total se requieren 576 millones de pesos, monto mucho más alto del utilizado en la construcción del edificio.
Ante este oscuro panorama económico, el gobernador Mauricio Araneda determinó trasladar las reparticiones interinamente a un inmueble en Llo Lleo. Fecha de solución: No determinada.

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